Uno de los mayores retos que plantea para la provincia de Sabana Centro el proceso de metropolización promovido por la recién aprobada ley que crea la región Bogotá-Cundinamarca, es el de la pérdida de identidad cultural y el sentido de pertenencia por parte de los habitantes de los municipios involucrados.
Desde hace más de veinte años se venían trabajando espacios de “concertación”, que en un principio se conocieron como las mesas de competitividad, en las cuales siempre se privilegiaron temas como ordenamiento territorial y productividad; pero en los que, casi nunca la cultura fue objeto de debate por parte de la academia, el estado y la sociedad civil que intentaban diseñar un modelo conveniente a todos los intereses en juego.
Hoy nos damos cuenta que, la agenda de las decisiones la manejaron los gremios productivos, favoreciendo enormemente, por ejemplo al sector de la construcción, que amplió de forma desmesurada la frontera de sus megaproyectos habitacionales, sin consideraciones como disponibilidad de servicios básicos como el de agua potable o el de su disposición final.
Pero, definitivamente, la gran damnificada terminará siendo la cultura, teniendo en cuenta que en los procesos de acuerdo nunca tuvo dolientes de peso que impusieran salvaguardas a los saberes ancestrales, prácticas productivas y manifestaciones lúdicas tan presentes en nuestros territorios. Lamentablemente, nos espera un proceso de acelerada aculturación, como en su momento lo sufrieron municipios anexados como Suba, Bosa, Engativá y Usaquén.
Y es aquí donde se pone de presente la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana que representen los intereses de los diferentes sectores; en este caso específico, los Consejos Municipales de Cultura. La ley 397 crea esos espacios participativos, pero les da una composición mixta entre autoridades municipales y sociedad civil, lo que no permite la suficiente independencia para un debate abierto y una toma de decisiones realmente nacida desde las necesidades y el sentir de los pueblos allí representados.
Ante este panorama, solo nos queda diseñar, desde los municipios, estrategias de fortalecimiento de las expresiones populares que sirvan de barrera de contención al arrasamiento de las señales de reconocimiento colectivo aún vigentes; actuaciones estas, que necesariamente deben apalancarse en las comunidades.